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PARTICIPACIÓN CIUDADANA EFECTIVA PARA UNA MINERÍA INCLUYENTE

i. Condición básica: la participación efectiva

Para que la participación sea efectiva, que se refieren tanto al proceso de participación como a sus resultados. El proceso debe ser representativo de todos los intereses en juego, y sus resultados beneficiosos para todos los actores involucrados. Se requiere también, tanto actores bien constituidos y habilitados para representar sus intereses, como una metodología de diálogo que asegure una relación simétrica y objetivamente informada de todos los concurrentes al proceso de participación. La participación así practicada aporta gobernabilidad y legitimidad a la ejecución de las decisiones públicas. Si ello ocurre, se construye capital social, factor indispensable para el progreso del país.

Por lo tanto, la participación efectiva requiere de:

1. Legitimidad, que está directamente relacionada con el reconocimiento social de los procedimientos institucionales para resolver problemas, otorgado por todos los actores que vean sus intereses afectados por los resultados de la decisión que se toma. Un proceso legítimo necesariamente presupone la existencia de actores organizados.

2. Actores habilitados, dotados de la capacidad para representar eficazmente sus intereses. Dichos actores interactúan de manera calificada y equitativa, y cuentan con, además de la correcta personería para su representación, habilidades y herramientas de deliberación y negociación.

3. La existencia de un actor responsable de facilitar el proceso y de generar condiciones de participación igualitarias y horizontales para los distintos actores.

4. Resultados de beneficio mutuo, que sean consecuentes con una equitativa y justa redistribución real de los recursos económicos, sociales, naturales, simbólicos y políticos de la sociedad. Para garantizar que haya un verdadero beneficio mutuo se deben convenir metas, criterios y estándares de monitoreo y de evaluación de los eventuales acuerdos.

A continuación se propone una serie de medidas tendientes a fortalecer las condiciones requeridas para una participación ciudadana efectiva cuando de desarrollar un proyecto minero se trate.